Según los conocidos diarios como La Tercera y Reporte Diario, a las 11:30 de hoy, un grupo diverso de parlamentarios ofrecerán una conferencia de prensa en el Hall del Senado para abordar supuestas “irregularidades” en el Municipio en defensa de inmobiliarias de Estación Central. Sin embargo, el enfoque principal de la intervención fue la defensa de las inmobiliarias que se han visto afectadas por la paralización de más de 1.300 viviendas. Entre los asistentes se encontraban los diputados Héctor Ulloa (IND-Ciudadanos), Juan Manuel Fuenzalida (UDI), Cristián Labbé (UDI) y Álvaro Carter (IND-exUDI), además del senador PS, Fidel Espinoza, quien ha enfrentado críticas en la prensa debido a sus vínculos con negocios inmobiliarios en el sur.
Con esta conferencia, se vislumbra el surgimiento de una nueva “bancada” dedicada a defender los intereses de las inmobiliarias afectadas por las decisiones del alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien ha rechazado la recepción de tres grandes edificios a la espera de un informe de legalidad de la Contraloría y el Seremi de Vivienda sobre permisos otorgados anteriormente. Los legisladores presentes criticaron fuertemente al alcalde, quien busca la reelección, acusándolo de obstaculizar el desarrollo urbano y causar pérdidas a las constructoras. Se sumaron así a una campaña que llevaba meses en marcha, impulsada por constructores, políticos y medios de comunicación.
Según estos parlamentarios, el retraso en la entrega de 1.249 viviendas y la paralización de 1.324 más evidencian una ineficiencia municipal que perjudica tanto al sector inmobiliario como a las familias que han adquirido departamentos. Sin embargo, omitieron mencionar que una gran parte de estos propietarios son inversionistas y que uno de los edificios se destinará a un hotel, sin ser viviendas sociales.
Anunciaron su intención de denunciar posibles casos de corrupción, aludiendo a sospechas de pagos de coimas, aunque no especificaron si estas irregularidades corresponden a la actual administración o a las gestiones anteriores de los alcaldes Rodrigo Delgado y Gustavo Hasbún, quienes han enfrentado severas críticas de expertos por el impacto negativo de sus decisiones en la comuna.
A los periodistas que recibieron la convocatoria para la conferencia de prensa les llamó la atención la presencia del senador Fidel Espinoza, único representante del PS en el grupo, especialmente al compartir tribuna con el hijo del coronel (R) Cristián Labbé, lo que generó interrogantes sobre la diversidad de intereses en esta coalición. Como mencionó Ciper en marzo, la familia del senador socialista adquirió un terreno de 109 hectáreas en Puerto Montt tras una “toma” durante la Unidad Popular, logrando una promesa de compraventa a bajo costo.
A pesar de la ejecución de su padre tras el golpe de Estado, la compra se concretó y el valor del terreno aumentó en 2009 al cambiar su uso de suelo. En 2017, vendieron parte de este terreno por $4.200 millones a José Miguel Martabid, relacionado con proyectos de vivienda social que contaban con el respaldo del senador, quien niega conflictos de interés a pesar de no declarar su participación en la propiedad inicialmente.
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Investigaciones judiciales en proceso
Los guetos verticales en Estación Central, cuyas autorizaciones de construcción se otorgaron durante la gestión de Rodrigo Delgado, siguen causando controversia. Recientemente, medios como El Mercurio y Financiero han criticado al actual alcalde por no conceder permisos y recepciones finales de edificios que, según él, no cumplen con la normativa. Las empresas constructoras, afectadas por esta situación, podrían enfrentar pérdidas de hasta 130 millones de dólares en intereses, y una inmobiliaria ha demandado al municipio, alegando un actuar “ilegal” y “arbitrario”.
En 2022, había 20 torres sin permisos, de las cuales solo cinco permanecen en esa situación hoy. Sin embargo, los reportajes suelen centrarse en los costos para las empresas sin abordar el impacto en la calidad de vida de los residentes, como la falta de luz natural y problemas de sobrepoblación. También se ha destacado que muchos de estos proyectos se construyeron con permisos considerados ilegales. Desde 2014, los ciudadanos han denunciado el efecto negativo de estas edificaciones, y a pesar de una circular que invalidó varios permisos, la municipalidad continuó otorgando autorizaciones.
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Red de corrupción: Un nuevo capítulo
A fines de julio de 2024, según el diario La Tercera, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago formalizó una investigación contra el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y el director de Obras Municipales, Juan Hernández, por exigir ilegalmente pagos a empresas inmobiliarias a cambio de permisos de construcción. Según la acusación, este esquema de corrupción se gestó a través de un convenio entre las municipalidades de Estación Central y Recoleta. Este acuerdo permitió a Hernández, exfuncionario de Recoleta, asumir el cargo de director de Obras Subrogante en Estación Central, donde lideró la mencionada red de corrupción.
La querella sugiere que tanto Daniel Jadue (alcalde de Recoleta), como Muñoz y Hernández, habrían tomado control de la Dirección de Obras Municipales de Estación Central, consolidando así un sistema que favorecía intereses particulares en detrimento del bienestar de la comuna. La situación actual en Estación Central, marcada por la investigación de corrupción que también involucra al alcalde Felipe Muñoz y su director de Obras Municipales, plantea serias dudas sobre la integridad y la gestión de su administración.
A medida que Muñoz se postula para la reelección, la revelación de este esquema de corrupción podría impactar su campaña, erosionando la confianza de los votantes y cuestionando su capacidad para liderar la comuna de manera transparente y efectiva. La ciudadanía se enfrenta a la difícil decisión de evaluar si un liderazgo manchado por acusaciones de corrupción puede realmente cumplir con las necesidades y aspiraciones de Estación Central en el
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