En agosto de 2021, se firmó un acuerdo que prometía fomentar la colaboración entre las municipalidades de Recoleta y Estación Central, titulado “Convenio de asociatividad, colaboración y cooperación mutua”. Sin embargo, este convenio ha sido objeto de controversia, desencadenando una serie de cuestionamientos sobre su legalidad y la transparencia en la gestión municipal.
La lista de convenios de Recoleta
La Municipalidad de Recoleta ha formalizado una serie de convenios con otras comunas en los últimos años. Entre ellos se incluyen acuerdos con localidades como Arica, Tierra Amarilla, Paillaco y Conchalí, establecidos entre 2013 y 2020. Algunos convenios tienen una duración de tres a diez años, mientras que otros son indefinidos. Un aspecto relevante es la posibilidad de enviar funcionarios en comisión de servicio entre municipios, lo que facilita el intercambio de conocimientos y experiencias.
Un convenio específico firmado con la Municipalidad de Coyhaique busca “fortalecer la experiencia de las Farmacias Populares”, permitiendo el intercambio de profesionales y estableciendo que Coyhaique cubrirá los costos de traslado y estadía de los funcionarios de Recoleta.
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El convenio Recoleta y Estación Central
El propósito del convenio firmado por los entonces alcaldes Daniel Jadue (PC) y Felipe Muñoz (Ind.-Frente Amplio) era establecer una base sólida para la cooperación entre Recoleta y Estación Central. La idea principal detrás de este acuerdo era mejorar los servicios públicos en ambas comunas, abordando problemas comunes y desarrollando iniciativas conjuntas que beneficiaran a sus habitantes. Esta colaboración se enmarca dentro de un contexto más amplio, donde la cooperación entre municipios se presenta como una herramienta clave para optimizar recursos y crear sinergias efectivas.
La intervención de la Contraloría
La situación dio un giro inesperado cuando la Contraloría emitió un informe crítico sobre el convenio de colaboración entre Recoleta y Estación Central. Este documento no solo cuestionó los términos del acuerdo, sino que también señaló que no se ajustaba a la legalidad, poniendo en tela de juicio la transparencia en la gestión municipal. La Contraloría identificó irregularidades significativas que obligaron a ambas municipalidades a dejar sin efecto las acciones realizadas bajo el convenio. Además, recomendó a la Municipalidad de Recoleta que se abstuviera de firmar futuros acuerdos con términos similares, generando un ambiente de incertidumbre sobre la viabilidad de su modelo de cooperación.
Implicaciones del informe de la contraloría
El informe de la Contraloría no solo afectó la relación específica entre Recoleta y Estación Central, sino que también encendió alarmas sobre la legalidad de otros convenios firmados por Recoleta. Este análisis llevó a una revisión más exhaustiva de los acuerdos existentes, ya que la Contraloría observó que Recoleta ha estado celebrando convenios de este tipo desde al menos 2010. Esta larga trayectoria generó preocupaciones sobre cómo se habían gestionado y administrado esos acuerdos, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas.
Hasta la fecha, la Municipalidad de Recoleta cuenta con 24 convenios de colaboración vigentes que presentan características similares a las del convenio cuestionado. Estos acuerdos no solo permiten el envío de equipos en comisión de trabajo entre municipios, sino que también abarcan una variedad de áreas, desde el desarrollo social hasta la protección del medio ambiente. Esta amplia gama de convenios, sin embargo, plantea preguntas sobre si han sido utilizados adecuadamente y si han cumplido su objetivo de beneficiar a las comunidades involucradas.
Defensa de la Municipalidad de Recoleta
En respuesta a las críticas, la Municipalidad de Recoleta defendió la naturaleza de sus convenios, argumentando que su extensión y generalidad permiten un trabajo más amplio y diverso. Desde la municipalidad, se sostiene que estos acuerdos son esenciales para promover la colaboración mutua y la exploración de iniciativas conjuntas que beneficien a ambas comunas.
Además, se ha indicado que la observación de la Contraloría se refiere principalmente a la forma y no al contenido de los convenios, sugiriendo que en el futuro se deberá firmar un convenio por cada iniciativa específica, con detalles más concretos.
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Investigación en curso
La controversia en torno al convenio entre Recoleta y Estación Central ha llevado a una investigación en la Fiscalía. El informe de la Contraloría se generó a raíz de una denuncia presentada por el abogado David Cademartori Gamboa, quien cuestionó la legalidad del acuerdo y la contratación de un funcionario enviado en comisión de servicio.
Entre las denuncias se menciona la existencia de “resoluciones injustas” por parte de la municipalidad frente a proyectos de otras sociedades y la posibilidad de un “esquema defraudatorio” que implicaría presiones para solicitar pagos a cambio de autorizaciones urbanísticas.
Aunque la Contraloría no se pronunció directamente sobre estas acusaciones, ha remitido la información al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, lo que indica que las autoridades están tomando en serio las denuncias presentadas.
La situación en torno a los convenios de colaboración entre Recoleta y Estación Central ha desencadenado una serie de investigaciones que buscan esclarecer posibles irregularidades en la gestión municipal. La indagación, liderada por la fiscal jefa Ximena Chong, está activa y cuenta con el apoyo de la Policía de Investigaciones. Además, la querella presentada por el exconcejal Mauricio Smok refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas municipales.
A medida que la Municipalidad de Recoleta y Estación Central se prepara para dar su respuesta institucional a la Contraloría, queda claro que el tema de la transparencia y la legalidad en la colaboración entre comunas seguirá siendo objeto de atención y debate en el ámbito público y legal. La comunidad merece claridad sobre cómo se gestionan estos convenios y la confianza en sus autoridades municipales.
